Delitos contra la seguridad vial y sus sanciones
¿Qué se considera un delito contra la seguridad vial en España?
Definición legal y contexto normativo
En España, los delitos contra la seguridad vial están regulados en el Código Penal, concretamente en los artículos 379 a 385 ter. Estas infracciones no solo suponen una vulneración de normas de tráfico, sino que representan una amenaza para la vida e integridad física de los usuarios de las vías públicas. Entre los delitos más frecuentes destacan la conducción bajo los efectos del alcohol o las drogas, la conducción temeraria, el exceso de velocidad, la negativa a someterse a pruebas de alcoholemia o drogas, y conducir sin carnet. Estos comportamientos conllevan penas que pueden incluir multas, retirada del permiso de conducir, trabajos en beneficio de la comunidad e incluso prisión. En derechopenaljaen, comprendemos la gravedad de estas situaciones y ofrecemos asesoramiento jurídico profesional para ayudarte a proteger tu libertad y tu historial legal.
Sanciones por delitos contra la seguridad vial
Multas, trabajos en beneficio de la comunidad y prisión
Las sanciones por estos delitos varían según la gravedad del hecho y los antecedentes del infractor. Por ejemplo, conducir con una tasa de alcohol superior a 0,60 mg/l en aire espirado puede acarrear hasta 6 meses de prisión, multa de 6 a 12 meses o trabajos en beneficio de la comunidad, además de la privación del derecho a conducir por hasta 4 años. La conducción sin permiso, ya sea por pérdida de puntos o por no haberlo obtenido nunca, se castiga con penas similares. El exceso de velocidad grave —más de 60 km/h en vía urbana o más de 80 km/h en interurbana sobre el límite— también puede ser delito.
Casos más comunes y consecuencias legales
Algunos de los casos más comunes incluyen negarse a realizar pruebas de alcohol o drogas, lo que implica una sanción directa como delito. También lo es la conducción temeraria que ponga en riesgo a otras personas, y la manipulación de señales o dispositivos de tráfico. En cada uno de estos supuestos, la intervención de un abogado especializado puede marcar la diferencia entre una condena severa o la posibilidad de absolución o reducción de la pena.
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